Esta noticia
extraída de la versión digital de La
Vanguardia, expone las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien habla de la posibilidad de
revisar las tasas judiciales que han sido tan cuestionadas por parte de la
población. En propias palabras del ministro, estas cuotas son “elementos de
tensión”.
Las tasas judiciales,
desde mi punto de vista, son una barrera para la igualdad en lo que respecta a la justicia. Que haya cuotas,
aunque no en todas las secciones de las justicia, provoca que parte de la
población, principalmente la que tiene
menos recursos, no puedan interponer demandas. Estas tasas se pusieron para acabar con la gran cantidad de procesos que se abrían y que
sumado a los recortes realizados por el gobierno tanto en justicia, como en educación o sanidad, han
provocado la saturación del sistema judicial español. Aun así, pienso que esta
medida está mal planteada debido a que las personas con alto o medio poder
adquisitivo no les supone ningún problema el pago de estas tasas pero, al
contrario, a la población que tiene dificultades económicas le supone
desprenderse de un dinero el cual les es muy necesario para el día a día. Esto,
al fin y al cabo, lo que provoca es que aumente la brecha entre la gente más
rica, o de clases más alta, y los de clases más bajas, en algo tan importante
como es el derecho a poder defendernos.
Para comprender mejor
lo antes expuesto, solo hay que poner la vista en numerosos casos de
trabajadores los cuales al ser despedidos de forma fraudulenta, no han podido
llevar a juicio a las personas que los despidieron o que no pagaron alguno de los meses de sus
sueldos, porque los costes para llevarlo a cabo eran demasiado elevados como para que pudieran haber
hecho frente a su pago.
En conclusión,
quien tiene las de perder en algunas ocasiones, no es exactamente quien ha hecho las cosas mal, sino
al contrario. Por la falta de dinero de uno, y la suficiencia económica del
otro.
Sin embargo, no hay que
caer en los estereotipos de que los “ricos” son los villanos y las personas con
pocos recursos los buenos. Simplemente, de lo que se trata es de buscar un
método que aligere la justicia sin que provoque ciertas desigualdades en este
aspecto social y de criticar los métodos que sí las provoquen.
En definitiva, las
declaraciones del ministro sobre las posibles modificaciones en cuento a este
tema, son buenas noticias. Esperemos que las nuevas medidas que se implanten
tengan una mayor aceptación y que estas sirvan para mejorar con ello la
justicia española, pilar fundamental del estado de Derecho.
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